Artículo Nº1
SANTIAGO, AUTOPISTAS CONCESIONADAS
LA IMPOSICIÓN DEL CAPITAL EN EL ESPACIO FISICO
Cuando Milton Santos se refiere a que siempre se observa el espacio empírico como un objeto y no se toma en cuenta la diferenciación social y el hecho político, es que en realidad el capital no los toma en cuenta y les pasa encima de toa la historia que pueda tener dicho espacio y de las relaciones sociales que interactúan en este espacio.
Cuando se toma la región como un ente espacial, el capital solo se preocupa del beneficio que éste obtendrá y de cuanto plusvalor le pueda sacar. Esto se puede ver en como se construyó el proyecto de las autopistas concesionadas y como afecta el espacio no sólo físico, sino el espacio de las relaciones sociales y como el hecho político interviene para que se lleve a cabo esta “gran obra pública”.
En lo referente a como el capitalista puede obtener plusvalía de un espacio de uso público, como son las calles de una ciudad, tiene que estar presente el hecho político o el uso político de la situación. No puede la empresa o el dueño del capital llegar y usar el espacio público para su interés; por eso, es necesario que intervenga el aspecto legal para transformar el espacio, que sólo lo puede transformar el Estado y éste al hacer la ley de concesiones para obras públicas, le entrega al capital la forma legal correspondiente para que pueda hacer uso de este espacio público. Esto no sólo trae beneficio al capitalista, también al actor político que la ejecuta, puesto que, la construcción de este proyecto lo plantea como un discurso de derecho y uso público, haciendo creer que el espacio alterado, su beneficio también le pertenece.
Al cobrar por el uso de una carretera, que según la ley es hasta recuperar la inversión y por eso se calcula una cierta cantidad de años. Al ser una vía de alta demanda, se garantiza la recuperación de la inversión y por lo tanto la plusvalía obtenida de la “obra pública” aumenta en gran medida.
La imposición del capital, no sólo trae una serie de trastornos en el espacio, sino también, un aprovechamiento del espacio construido.
Tomando el ejemplo de la autopista construida en Av. Américo Vespucio, la cual el capital aprovecha para su beneficio, una avenida que recorre en forma circular toda la ciudad y que llega a los puntos que interesan a los que esta destinado su uso; desde los sectores residenciales de la clase alta, hacia los centros industriales de la periferia; salida al transporte aéreo; salida a los puertos principales del país, etc. de manera rápida y sin problemas.
La imposición se ve también en el sentido de cómo es la distribución social en la ciudad. El neoliberalismo tiene como característica el individualismo y lo aplica sobre todo en los sectores más sensibles, que son la periferia de la ciudad.
Lo que va logrando este sistema con estos sectores, es que vayan perdiendo el sentido de pertenencia hacia el lugar, ya que, generalmente no son los habitantes que hayan tenido una historia en este espacio, son impulsados a vivir en la periferia por el bajo valor del terreno y la vivienda de bajo costo.
Por esto que el capital y el Estado neoliberal, que cuida los intereses del capital, intervienen de forma arbitraria estos espacios.
Al analizar los diferentes ejes de las autopistas, se demuestra que el de construcción es de diferente calidad. El eje de la Costanera Norte, es una autopista que no influye, mayormente, en el espacio físico y la calidad de vida de la población que vive en el sector, una carretera subterránea y de gran modernidad. El eje Vespucio Sur, afecta en gran medida la forma de vida de los habitantes del sector. Es una carretera de bajo costo, que sólo aprovecharon la Av. Américo Vespucio para hacerla más expedita y rápida, obteniendo el acceso sur de la ciudad en pocos minutos; no se midió ningún tipo de impacto en la calidad de vida de los habitantes del sector, no se preocuparon si afectaba al barrio, si quedaban segregados, si cuesta más el acceso al otro sector de la avenida o al centro de la capital o a sus trabajos. Es una clara imposición del capital para su propio interés y beneficio de su clase social.
La imposición del capital es un ejemplo como se puede articular una región, tomando en cuenta el factor político y de los intereses particulares de unos pocos que tienen ese poder, no en vano, los mismos poseedores del capital también entran en el terreno público, como actor político y así obtener mayor beneficio en sus objetivos.
Santiago se va articulando como una región en la cual la interesa y no obtiene beneficio de esta región.
El interés político y económico de la región se ve manifestado en estas carreteras, es el punto de movilización que le interesa a los dueños del capital y por eso imponen sus objetivos en articular una región que trate de ser lo más homogénea posible para su beneficio, y con un discurso que trate de mantener tranquila a la población, la cual no se beneficia con estas obras, ni como ve transformado su espacio y como se articula la región.//
I. Villablanca
Ensayo presentado como discusión de trabajo final para geografía de Chile, año 2006.
Artículo Nº2
EL DESALOJO DE SAN LUIS
INTRODUCCION
En 1971, el gobierno de la Unidad Popular comienza la construcción de viviendas, en el terreno del ex fundo San Luis, en la comuna de Las Condes. Las viviendas destinadas a familias de campamentos y de agrupaciones de los sin casa, comienzan a habitarse a partir de 1972, aún cuando continuaba en construcción el complejo habitacional.
La correcta y legal asignación de las viviendas se ve modificada días después del golpe militar, cuando el 14 de septiembre de 1973, los militares irrumpen en las viviendas, comenzando así un desalojo masivo y abusivo de las familias que las habitaban. Dando paso una seguidilla de abusos y vejámenes, hacinamientos e injusticias, que van culminando en el desalojo de la gran mayoría de las familias asignadas al complejo habitacional.
A medida que los departamentos van siendo desalojados, son apropiados por familias de oficiales de Ejército, los antiguos moradores, son trasladados en camiones basureros a otras comunas y reasignados a viviendas indignas y abandonadas, en condiciones infrahumanas.
El presente ensayo, pretende la reflexión y el análisis, de los abusos efectuados tras el golpe militar, en el caso puntual del desalojo de la Villa San Luis. Desde los inicios de la construcción de los departamentos, la asignación de las familias y la situación actual de los terrenos. Posteriormente, evidenciar las arbitrariedades e ilegalidades del desalojo y finalizar con un análisis de las familias que originalmente fueron asignadas a las viviendas.
También, reflexionaremos sobre la organización de las familias, constituida principalmente por mujeres, en la lucha por la restitución e indemnización de sus derechos y evidenciar la actual situación de éstas.
Es importante acotar, que las motivaciones para elaborar el presente ensayo se enmarcan al interés por presentar los abusos de poder, la apropiación ilícita de recursos económicos y el maltrato físico – psicológico, sufrido por muchas familias, a manos de militares comandados por el General (R) Augusto Pinochet, tras el golpe militar. Cómo personas con igualdad de condiciones, se apropian de derechos universales e inviolables, en pro de poder económico y político.
Además, manifestar las consecuencias de estos hechos en la vida de las familias abusadas, que se organizan y luchan hasta el día de hoy. Muchas de estas familias, cansadas de la misma lucha por la restitución de sus bienes, prefieren silenciar sus experiencias, debido al daño emocional que les provoca recordar y al silencio del actual gobierno.
Para elaborar este ensayo se recurrió a documentos elaborados por el ex Presidente de la CORMU, Miguel Lawner, que tuvieron el propósito de denunciar y proporcionar orientación a las familias organizadas. Los antiguos pobladores de la Villa San Luis, reubicados en Renca, agotados por su lucha, prefieren callar, pero no obstante, se obtuvo algunas entrevistas que aportaron datos y vivencias importantes para la realización de este trabajo.
Para concluir, quisiera agradecer la desinteresada ayuda de don Miguel Lawner, Arquitecto encargado de la edificación de los departamentos en la Villa San Luis y a los antiguos moradores de éstos, Juana Erices y Manuel Yevenes.
SAN LUIS, UN FUNDO EN DISPUTA
En febrero de 1971, la CORMU (Corporación de Mejoramiento Urbano) inicia la construcción de viviendas en los terrenos del ex fundo San Luis, una gran extensión de terreno ubicado en el corazón de Las Condes y que había permanecido al margen del desarrollo urbano debido a litigios jurídicos pendientes. Mediante el procedimiento “Concurso Oferta”, se asignaron siete sectores a diferentes Empresas Constructoras y al Departamento de Ejecución directa de la CORMU.
Se edificaron un total de 1038 departamentos, que según las políticas habitacionales de la época, la Remodelación de San Luis, se “preasignaron” a diferentes campamentos y comités de familias sin casa existentes en Las Condes.
En abril de 1972, comenzó la entrega de estos departamentos a los asignatarios en conformidad a las nóminas debidamente registradas en la CORHABIT, institución encargada de estas asignaciones y la recaudación de los dividendos respectivos.
Durante 1971, por iniciativa del Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats, se constituyó el Convenio Ejército de Chile - Cormu destinado a formular un Plan Habitacional para las necesidades del Ejército a lo largo de Chile. En representación del Ejército se desempeñaron como vicepresidentes el General Oscar Bonilla, durante 1972 y el General Arturo Vivero Avila, en 1972 – 1973; Presidente de tal convenio fue designado el Director de la CORMU, el Arquitecto Miguel Lawner.
Este convenio inició en Santiago dos conjuntos habitacionales, la Villa Militar del Este, en otro sector del Fundo San Luis y la Villa Militar del Oeste, ubicada en Maipú. El terreno del Fundo, adjudicado al Ejército, fue absolutamente independiente del resto del terreno que siguió perteneciendo a la CORMU y destinado a viviendas para otros postulantes del MINVU o de la Caja Central de Ahorros y Préstamos; y a parques o equipamientos diversos, señalados en el Plano Seccional que reguló todas las construcciones a levantar en ese lugar.
En 1973, y con parte del proyecto de viviendas en construcción, comienza el desalojo de las familias asignadas para su ocupación legal, de forma violenta y vejatoria para niños, madres y padres, los que cumplían con las normas vigentes y el pago de sus dividendos; reasignando, los departamentos, a funcionarios de las fuerzas armadas y sus familias.
Veinte años después, el mantenimiento del conjunto habitacional, por parte del Ejército y como de la Municipalidad de Las Condes, evidenció una precariedad enorme, muchos departamentos fueron desocupados, parcialmente destruidos; los jardines y áreas de estacionamiento descuidados y la iluminación exterior casi inexistente.
El 12 de diciembre, un día después de la elección de Patricio Aylwin como Presidente de la República, el SERVIU METROPOLITANO (aún bajo el mandato de las autoridades del régimen militar), transfirió al Ministerio de Bienes Nacionales los Lotes 13-A, 14-A, 15-A, 16-A, 17-A, y 18-A de la llamada Villa San Luis de Las Condes, mediante escritura pública inscrita a fs. 89074 Nº 63.726 del Registro de Propiedad de 1989 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
El 21 de junio de 1991, mediante Decreto Nº 38, exento del trámite de Toma de Razón por la Contraloría, el Ministerio de Bienes Nacionales, destinó al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, “para fines habitacionales de la Institución destinataria”, los inmuebles fiscales asignados como lotes de terreno y Block de departamentos, situados en la Villa San Luis, con una superficie de 112.155,54 m2. Después de individualizar los lotes, el Decreto, indica textualmente lo que sigue: “Si el Servicio beneficiario no utilizare los inmuebles en los fines señalados o si los cediere, a cualquier título, se pondrá término de inmediato a la presente destinación, bastando para ello el sólo informe de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana de Santiago, que acredite cualquiera de las circunstancias antes señaladas”. Mediante otro decreto exento, el Nº 228, aclaró que una vez tramitado este decreto, “sus antecedentes deberán volver a la División de Bienes Nacionales a objeto que proceda a informar la transferencia de retazo excluido en favor de los ocupantes de dichos inmuebles”, quedando claro que las viviendas de los bloques 16 y 17 del Lote 18-A, deben transferirse gratuitamente a las 95 familias que se libraron del desalojo en los años posteriores al golpe militar.
Por tanto, estos decretos legitimaron la apropiación de estos departamentos, efectuado por el Ejército entre 1973 y 1978, pero la dejaron sujeta a que se consignara para fines habitacionales de la Institución destinataria. En mayo de 1997, el Diario El Mercurio, informó que el Ejército había vendido los terrenos de la Villa San Luis, en 80 millones de dólares a una sociedad compuesta por los grupos Cueto, Zalaquett, Sarquis, Martinez y Kassis, para la construcción de un mega proyecto, innovador en Chile. El 15 de julio del mismo año, se da a conocer, a través de la prensa el comienzo de la demolición de los Bloques de departamento de la Villa San Luis, en una ceremonia, encabezada por el alcalde de la época, Joaquín Lavín; quien manejó una retroexcavadora empleada para esta demolición, y que no ocultó su satisfacción por apoyar el proyecto de levantar un “Centro Integral de Negocios” al estilo de los modernos centros de Estados Unidos y Europa.
Los terrenos fueron vendidos por el Ejército en 1996, con la venia del entonces comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, a la llamada inmobiliaria Parque San Luis, generando una discusión por el valor de esta transacción, por tanto, estos terrenos poseían un valor real de 126 y 160 millones de dólares y no el valor de venta final (80 millones de dólares).
El sólo hecho de la venta de los terrenos evidencia una irregularidad, por cuanto, lo estipulado en los decretos Nº 38 y Nº 228 (aludidos anteriormente), lo que deja claro los oscuros negocios del Ejército y su otrora Comandante en Jefe, Augusto Pinochet.
Miembros del Movimiento “Reconquista de Nuestros Derechos”, conformado por familias desalojadas de la Villa San Luis, agrupados desde 1997, exponen estas irregularidades de apropio y posterior “cuestionado valor de venta” de sus departamentos y los terrenos en cuestión, aludiendo esta responsabilidad, que posee fines, altamente lucrativos, al General (R) Augusto Pinochet, que habría firmado la transacción de venta.
Estas irregularidades continúan impunes y abandonadas, aun cuando los pobladores organizados reclaman sus viviendas, lo que ha provocado el cese de la construcción del Centro de Negocios que se pretende edificar en los terrenos de la Villa San Luis, provocando su total abandono, convirtiéndose actualmente en un sitio eriazo.
LA ILEGALIDAD DEL DESALOJO
En 1973, San Luis convertido en un complejo habitacional de departamentos, que a esas alturas llevaba el nombre de Población Ministro Carlos Cortés, en homenaje al Ministro de vivienda fallecido en 1971, y bajo cuyo mandato se construyó la primera parte del programa habitacional, comienza una perturbadora transformación. A pocos días del golpe militar, en septiembre de ese año, los militares irrumpen comenzando un desalojo violento y arbitrario, a pesar de que dichas asignaciones, se realizaron conforme a todas las normas legales vigentes de la época.
Los primeros desalojados fueron las familias identificadas como dirigentes de la población, los que fueron trasladados en camiones basureros a viviendas abandonadas del Ejército, en la periferia de Santiago. Algunos fueron instalados, en precarias condiciones, en viviendas mal mantenidas, abandonadas, sucias y con una construcción de más de 14 e incluso 30 años; en las comunas de Renca, la Granja; o simplemente arrojados en potreros alejados o conducidos a casas de familiares dispuestos a acogerlos. En sustitución a las familias desalojadas, el Ejército instaló a personal del cuadro permanente o suboficiales de la Institución. En diciembre de 1978, culmina el desalojo masivo con las últimas 112 familias, siendo así, desalojadas un total de 900 familias, de un bien raíz obtenido con total legitimidad, sólo se salvaron cerca de 100 familias, que permanecieron en los bloques del sector Nº 7, sin saberse las causas de esta excepción. En 1988 fueron presionados por el SERVIU, para abandonar estas viviendas, aludiendo a una ocupación ilegal de viviendas construidas para las fuerzas armadas, pero éste logro evitarse.
Muchas de las familias desalojadas, torturadas física y mentalmente, desde 1973 comienzan un trágico pasar. Ya a pocos días de efectuado el golpe militar, los funcionarios de Ejército se atrincheran en el sector, hacinando a las familias en sus departamentos, prohibiéndoles el libre transitar y obligándolos a permanecer dentro de sus hogares, sin posibilidad alguna de salir, obligándolos a una rutina injusta. Comienza así una tortura sicológica, donde los militares irrumpían en sus departamentos a cualquier hora del día o la noche, para “revisiones de rutina”, si no cumplían con las normas, autoritariamente impuestas, eran castigados, amedrentados e incluso baleados. Las cercanías de la Villa con la Escuela Militar, facilitaban de alguna manera este abuso, y tal vez, determinaron el desalojo.
Las familias comienzan a ser desalojadas el mismo año 1973, transportados en camiones de basura y avisados con pocas horas de anticipación. Los muebles y pertenencias son arrojados por los balcones, la violencia desmedida no escapa a lactantes, los que reciben golpes e insultos, ante la impotencia de sus padres. Las familias en reemplazo de sus departamentos, avaluados en 25 millones de pesos, reciben viviendas abandonadas por militares, en precarias condiciones y destruidas; casas convertidas en basurales, sin ventanas e implementos necesarios.
Los legalmente, habitantes de los departamentos de la Villa San Luis, con dividendos al día, comienzan a cancelar a 20 años plazo, una casa habitación antigua y usada, como vivienda nueva, con deudas de luz y agua, perdiendo todo el dinero correspondiente al ahorro y los dividendos cancelados para sus nuevos departamentos.
Ante la impotencia de estos acontecimientos, lo material y espiritualmente perdido y la necesidad de restitución, en 1997, las familias se organizan en un movimiento llamado “Reconquista de nuestros Derechos” y comienzan así una lucha, que lamentablemente, es poco fructífera hasta el día de hoy. La primera dificultad, fue demostrar y acreditar la posesión legal de los departamentos, puesto que, los militares quemaron cuentas de ahorro y todo documento que avalara a las familias, además, no existían títulos de propiedad, debido a que los departamentos estaban siendo cancelados. Favorablemente algunas familias conservaban las boletas de los pagos de sus dividendos, lo que les facilita la legitimación como dueños de los departamentos de la Villa San Luis, y comienza así un proceso de acreditación para todas las familias.
Actualmente, la agrupación sigue luchando por la reivindicación de sus derechos, la restitución de sus viviendas o indemnización que les devuelva, de alguna manera, la confianza por los estamentos estatales.
LA FAMILIA: LA VIVIENDA Y SU LUCHA
En los años setentas, los movimientos populares sostenían una lucha por conseguir vivienda, grupos organizados y movilizados en buses, partían a donde existiera una construcción a punto de habitarse o donde un terreno eriazo pudiera edificarse.
Los buses salían de las poblaciones periféricas, colmados de familias; hombres, mujeres y niños que anhelaban una vivienda propia, a cualquier costo, aún significando quitarle la legitima posibilidad, a ciudadanos en sus mismas condiciones, amigos, familiares e incluso a familias que con sacrificio y constancia, ahorran para conseguir lo mismo. Es así como las familias asignadas a habitar los departamentos de la Villa San Luis, debían organizarse y atrincherarse toda la noche, obstruyendo el tránsito con barricadas, a veces, luchando o apedreando buses, para repeler a las familias usurpadoras, que amenazan con quitarles sus viviendas.
Las familias asignadas a los departamentos, fueron beneficiadas, previo ahorro, y primando las condiciones económicas y laborales de cada una de ellas, constituían mayoritariamente a familias de clase trabajadora, obreros muchos y artesanos otros. Los que mediante el pago de dividendos, iban obteniendo, legalmente, el más preciado bien, la vivienda propia.
El golpe militar trajo tristeza e impotencia a estas familias, que vieron violados sus derechos más básicos, como son el la propiedad y la integridad física. Muchas de estas familias sufrieron torturas sicológicas y físicas, hacinados en sus departamentos imposibilitados incluso de acudir a sus trabajos, debieron subsistir en un ambiente adverso e inclemente, muchas mujeres sufrieron abusos sexuales, los hombres eran colgados de los balcones y sus posesiones materiales destruidas.
Una vez ocurrido el desalojo, debieron comenzar una vida en condiciones totalmente diferentes, llegaban a viviendas destruidas y sucias, muchas sin puertas, sin ventanas, convertidas en enormes basurales; debieron nuevamente que comenzar a cancelar dividendos, tal como si las viviendas fueran nuevas, además, reconstruirlas. Algunas de las casas, incluso con deudas de luz y agua.
Trasladados en camiones de basura, comienzan la reconstrucción de sus vidas, llenos de impotencia, llenos de ira. Esta ira se transforma en organización, en una nueva lucha, por la redención de sus posesiones, por la redención de los derechos violados.
Las mujeres se organizan, se agrupan y conforman su movimiento, su lucha llamada “Reconquista de nuestros Derechos”, concientes del abuso. Se reúnen, discuten, toman decisiones, aparecen en diarios, se entrevistan con Senadores y Diputados. Estas mujeres dueñas de casa, con hijos y nietos, necesitan la confianza en los estamentos, en el Estado, necesitan demostrarle a sus hijos a sus nietos que los derechos no se violan y cuando ocurre lo contrario, deben restituirse.
Actualmente, las mujeres cansadas de la lucha, al no recibir respuestas, tras protestas, cartas, reuniones, visitas al Congreso; cansadas de diez años de silencio, diez años de abandono, se replantean la forma, la causa y la lucha, pero a pesar de ello, no dejan ni dejaran de combatir, no dejaran impune su causa y lucharan como al principio, como antes de instalarse en sus departamentos de la Villa San Luis.
Es así como la historia de la Villa San Luis y sus departamentos sociales, grafica una lucha por la superación y la injusta desestimación del sacrificio y sus derechos.
CONCLUSIONES
Tras el golpe militar, los derechos de las personas se ven mermados, desde el punto de vista de la propiedad hasta la vida misma. Se abre una disputa de poder y apropiación indebida de recursos económicos, que generan una diferencia entre los individuos de toda la sociedad. Los militares se ven con poder, poder que de tal magnitud no poseían hasta entonces, este poder los transforma en monstruos amorales y sin ética.
En el caso de la Villa San Luis, su desalojo y la reubicación de las familias desalojadas, evidencia una apropiación totalmente ilícita de bienes económicos, pero que no esta exenta de violencia y tortura. Familias trabajadoras y esforzadas ven destruido el futuro programado y soñado, que a través de sacrificio pretendían elaborar.
Los daños psicológicos son indudables e indiscutibles, la inseguridad y el trauma se apropian hasta el día de hoy en las personas que vivieron tales hechos. El sufrimiento no cesa, se transforma; la ira contenida se organiza, pero no acaba. El desánimo por la lucha extensa y el silencio de las autoridades, van socavando más la sensación de desamparo de antaño y van cansando, las familias y las mujeres, aunque organizadas, se desorientan ante la indiferencia.
Las heridas abiertas y lacerantes, son un grito para la reivindicación, son un grito para la historia, para escribir historia. Una historia de trabajadores abusados, como otras muchas, pero que necesita un eco en la sociedad.
Los seres humanos somos iguales en capacidades y condición, no es posible que ciertos sectores, aludiendo al poder, se pretendan superiores y se sientan con el derecho de usurpar los derechos y los sueños de los demás, no es posible que se atropelle el justo deseo de una vida mejor.
El propósito de esta investigación es relatar un hecho que necesita voz y oído, que necesita memoria para construir futuro, un futuro distinto.
BIBLIOGRAFIA:
Miguel Lawner, Arquitecto ex Presidente de la CORMU, “Demolición de la Villa San Luis en Las Condes, memorandum, versión 1997.
El Mercurio, miércoles 22 de julio de 1998.
Juana Erices, primera delegada, Movimiento Reconquista de Nuestros Derechos, personería jurídica 164, ley 19.418
Manuel Yevenes, ex morador de los departamentos de la Villa San Luis, desalojado el 12 de julio de 1976.
K. Oyola, trabajo entregado para Introducción a la Historia 2005.-
SANTIAGO, AUTOPISTAS CONCESIONADAS
LA IMPOSICIÓN DEL CAPITAL EN EL ESPACIO FISICO
Cuando Milton Santos se refiere a que siempre se observa el espacio empírico como un objeto y no se toma en cuenta la diferenciación social y el hecho político, es que en realidad el capital no los toma en cuenta y les pasa encima de toa la historia que pueda tener dicho espacio y de las relaciones sociales que interactúan en este espacio.
Cuando se toma la región como un ente espacial, el capital solo se preocupa del beneficio que éste obtendrá y de cuanto plusvalor le pueda sacar. Esto se puede ver en como se construyó el proyecto de las autopistas concesionadas y como afecta el espacio no sólo físico, sino el espacio de las relaciones sociales y como el hecho político interviene para que se lleve a cabo esta “gran obra pública”.
En lo referente a como el capitalista puede obtener plusvalía de un espacio de uso público, como son las calles de una ciudad, tiene que estar presente el hecho político o el uso político de la situación. No puede la empresa o el dueño del capital llegar y usar el espacio público para su interés; por eso, es necesario que intervenga el aspecto legal para transformar el espacio, que sólo lo puede transformar el Estado y éste al hacer la ley de concesiones para obras públicas, le entrega al capital la forma legal correspondiente para que pueda hacer uso de este espacio público. Esto no sólo trae beneficio al capitalista, también al actor político que la ejecuta, puesto que, la construcción de este proyecto lo plantea como un discurso de derecho y uso público, haciendo creer que el espacio alterado, su beneficio también le pertenece.
Al cobrar por el uso de una carretera, que según la ley es hasta recuperar la inversión y por eso se calcula una cierta cantidad de años. Al ser una vía de alta demanda, se garantiza la recuperación de la inversión y por lo tanto la plusvalía obtenida de la “obra pública” aumenta en gran medida.
La imposición del capital, no sólo trae una serie de trastornos en el espacio, sino también, un aprovechamiento del espacio construido.
Tomando el ejemplo de la autopista construida en Av. Américo Vespucio, la cual el capital aprovecha para su beneficio, una avenida que recorre en forma circular toda la ciudad y que llega a los puntos que interesan a los que esta destinado su uso; desde los sectores residenciales de la clase alta, hacia los centros industriales de la periferia; salida al transporte aéreo; salida a los puertos principales del país, etc. de manera rápida y sin problemas.
La imposición se ve también en el sentido de cómo es la distribución social en la ciudad. El neoliberalismo tiene como característica el individualismo y lo aplica sobre todo en los sectores más sensibles, que son la periferia de la ciudad.
Lo que va logrando este sistema con estos sectores, es que vayan perdiendo el sentido de pertenencia hacia el lugar, ya que, generalmente no son los habitantes que hayan tenido una historia en este espacio, son impulsados a vivir en la periferia por el bajo valor del terreno y la vivienda de bajo costo.
Por esto que el capital y el Estado neoliberal, que cuida los intereses del capital, intervienen de forma arbitraria estos espacios.
Al analizar los diferentes ejes de las autopistas, se demuestra que el de construcción es de diferente calidad. El eje de la Costanera Norte, es una autopista que no influye, mayormente, en el espacio físico y la calidad de vida de la población que vive en el sector, una carretera subterránea y de gran modernidad. El eje Vespucio Sur, afecta en gran medida la forma de vida de los habitantes del sector. Es una carretera de bajo costo, que sólo aprovecharon la Av. Américo Vespucio para hacerla más expedita y rápida, obteniendo el acceso sur de la ciudad en pocos minutos; no se midió ningún tipo de impacto en la calidad de vida de los habitantes del sector, no se preocuparon si afectaba al barrio, si quedaban segregados, si cuesta más el acceso al otro sector de la avenida o al centro de la capital o a sus trabajos. Es una clara imposición del capital para su propio interés y beneficio de su clase social.
La imposición del capital es un ejemplo como se puede articular una región, tomando en cuenta el factor político y de los intereses particulares de unos pocos que tienen ese poder, no en vano, los mismos poseedores del capital también entran en el terreno público, como actor político y así obtener mayor beneficio en sus objetivos.
Santiago se va articulando como una región en la cual la interesa y no obtiene beneficio de esta región.
El interés político y económico de la región se ve manifestado en estas carreteras, es el punto de movilización que le interesa a los dueños del capital y por eso imponen sus objetivos en articular una región que trate de ser lo más homogénea posible para su beneficio, y con un discurso que trate de mantener tranquila a la población, la cual no se beneficia con estas obras, ni como ve transformado su espacio y como se articula la región.//
I. Villablanca
Ensayo presentado como discusión de trabajo final para geografía de Chile, año 2006.
Artículo Nº2
EL DESALOJO DE SAN LUIS
INTRODUCCION
En 1971, el gobierno de la Unidad Popular comienza la construcción de viviendas, en el terreno del ex fundo San Luis, en la comuna de Las Condes. Las viviendas destinadas a familias de campamentos y de agrupaciones de los sin casa, comienzan a habitarse a partir de 1972, aún cuando continuaba en construcción el complejo habitacional.
La correcta y legal asignación de las viviendas se ve modificada días después del golpe militar, cuando el 14 de septiembre de 1973, los militares irrumpen en las viviendas, comenzando así un desalojo masivo y abusivo de las familias que las habitaban. Dando paso una seguidilla de abusos y vejámenes, hacinamientos e injusticias, que van culminando en el desalojo de la gran mayoría de las familias asignadas al complejo habitacional.
A medida que los departamentos van siendo desalojados, son apropiados por familias de oficiales de Ejército, los antiguos moradores, son trasladados en camiones basureros a otras comunas y reasignados a viviendas indignas y abandonadas, en condiciones infrahumanas.
El presente ensayo, pretende la reflexión y el análisis, de los abusos efectuados tras el golpe militar, en el caso puntual del desalojo de la Villa San Luis. Desde los inicios de la construcción de los departamentos, la asignación de las familias y la situación actual de los terrenos. Posteriormente, evidenciar las arbitrariedades e ilegalidades del desalojo y finalizar con un análisis de las familias que originalmente fueron asignadas a las viviendas.
También, reflexionaremos sobre la organización de las familias, constituida principalmente por mujeres, en la lucha por la restitución e indemnización de sus derechos y evidenciar la actual situación de éstas.
Es importante acotar, que las motivaciones para elaborar el presente ensayo se enmarcan al interés por presentar los abusos de poder, la apropiación ilícita de recursos económicos y el maltrato físico – psicológico, sufrido por muchas familias, a manos de militares comandados por el General (R) Augusto Pinochet, tras el golpe militar. Cómo personas con igualdad de condiciones, se apropian de derechos universales e inviolables, en pro de poder económico y político.
Además, manifestar las consecuencias de estos hechos en la vida de las familias abusadas, que se organizan y luchan hasta el día de hoy. Muchas de estas familias, cansadas de la misma lucha por la restitución de sus bienes, prefieren silenciar sus experiencias, debido al daño emocional que les provoca recordar y al silencio del actual gobierno.
Para elaborar este ensayo se recurrió a documentos elaborados por el ex Presidente de la CORMU, Miguel Lawner, que tuvieron el propósito de denunciar y proporcionar orientación a las familias organizadas. Los antiguos pobladores de la Villa San Luis, reubicados en Renca, agotados por su lucha, prefieren callar, pero no obstante, se obtuvo algunas entrevistas que aportaron datos y vivencias importantes para la realización de este trabajo.
Para concluir, quisiera agradecer la desinteresada ayuda de don Miguel Lawner, Arquitecto encargado de la edificación de los departamentos en la Villa San Luis y a los antiguos moradores de éstos, Juana Erices y Manuel Yevenes.
SAN LUIS, UN FUNDO EN DISPUTA
En febrero de 1971, la CORMU (Corporación de Mejoramiento Urbano) inicia la construcción de viviendas en los terrenos del ex fundo San Luis, una gran extensión de terreno ubicado en el corazón de Las Condes y que había permanecido al margen del desarrollo urbano debido a litigios jurídicos pendientes. Mediante el procedimiento “Concurso Oferta”, se asignaron siete sectores a diferentes Empresas Constructoras y al Departamento de Ejecución directa de la CORMU.
Se edificaron un total de 1038 departamentos, que según las políticas habitacionales de la época, la Remodelación de San Luis, se “preasignaron” a diferentes campamentos y comités de familias sin casa existentes en Las Condes.
En abril de 1972, comenzó la entrega de estos departamentos a los asignatarios en conformidad a las nóminas debidamente registradas en la CORHABIT, institución encargada de estas asignaciones y la recaudación de los dividendos respectivos.
Durante 1971, por iniciativa del Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats, se constituyó el Convenio Ejército de Chile - Cormu destinado a formular un Plan Habitacional para las necesidades del Ejército a lo largo de Chile. En representación del Ejército se desempeñaron como vicepresidentes el General Oscar Bonilla, durante 1972 y el General Arturo Vivero Avila, en 1972 – 1973; Presidente de tal convenio fue designado el Director de la CORMU, el Arquitecto Miguel Lawner.
Este convenio inició en Santiago dos conjuntos habitacionales, la Villa Militar del Este, en otro sector del Fundo San Luis y la Villa Militar del Oeste, ubicada en Maipú. El terreno del Fundo, adjudicado al Ejército, fue absolutamente independiente del resto del terreno que siguió perteneciendo a la CORMU y destinado a viviendas para otros postulantes del MINVU o de la Caja Central de Ahorros y Préstamos; y a parques o equipamientos diversos, señalados en el Plano Seccional que reguló todas las construcciones a levantar en ese lugar.
En 1973, y con parte del proyecto de viviendas en construcción, comienza el desalojo de las familias asignadas para su ocupación legal, de forma violenta y vejatoria para niños, madres y padres, los que cumplían con las normas vigentes y el pago de sus dividendos; reasignando, los departamentos, a funcionarios de las fuerzas armadas y sus familias.
Veinte años después, el mantenimiento del conjunto habitacional, por parte del Ejército y como de la Municipalidad de Las Condes, evidenció una precariedad enorme, muchos departamentos fueron desocupados, parcialmente destruidos; los jardines y áreas de estacionamiento descuidados y la iluminación exterior casi inexistente.
El 12 de diciembre, un día después de la elección de Patricio Aylwin como Presidente de la República, el SERVIU METROPOLITANO (aún bajo el mandato de las autoridades del régimen militar), transfirió al Ministerio de Bienes Nacionales los Lotes 13-A, 14-A, 15-A, 16-A, 17-A, y 18-A de la llamada Villa San Luis de Las Condes, mediante escritura pública inscrita a fs. 89074 Nº 63.726 del Registro de Propiedad de 1989 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
El 21 de junio de 1991, mediante Decreto Nº 38, exento del trámite de Toma de Razón por la Contraloría, el Ministerio de Bienes Nacionales, destinó al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, “para fines habitacionales de la Institución destinataria”, los inmuebles fiscales asignados como lotes de terreno y Block de departamentos, situados en la Villa San Luis, con una superficie de 112.155,54 m2. Después de individualizar los lotes, el Decreto, indica textualmente lo que sigue: “Si el Servicio beneficiario no utilizare los inmuebles en los fines señalados o si los cediere, a cualquier título, se pondrá término de inmediato a la presente destinación, bastando para ello el sólo informe de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana de Santiago, que acredite cualquiera de las circunstancias antes señaladas”. Mediante otro decreto exento, el Nº 228, aclaró que una vez tramitado este decreto, “sus antecedentes deberán volver a la División de Bienes Nacionales a objeto que proceda a informar la transferencia de retazo excluido en favor de los ocupantes de dichos inmuebles”, quedando claro que las viviendas de los bloques 16 y 17 del Lote 18-A, deben transferirse gratuitamente a las 95 familias que se libraron del desalojo en los años posteriores al golpe militar.
Por tanto, estos decretos legitimaron la apropiación de estos departamentos, efectuado por el Ejército entre 1973 y 1978, pero la dejaron sujeta a que se consignara para fines habitacionales de la Institución destinataria. En mayo de 1997, el Diario El Mercurio, informó que el Ejército había vendido los terrenos de la Villa San Luis, en 80 millones de dólares a una sociedad compuesta por los grupos Cueto, Zalaquett, Sarquis, Martinez y Kassis, para la construcción de un mega proyecto, innovador en Chile. El 15 de julio del mismo año, se da a conocer, a través de la prensa el comienzo de la demolición de los Bloques de departamento de la Villa San Luis, en una ceremonia, encabezada por el alcalde de la época, Joaquín Lavín; quien manejó una retroexcavadora empleada para esta demolición, y que no ocultó su satisfacción por apoyar el proyecto de levantar un “Centro Integral de Negocios” al estilo de los modernos centros de Estados Unidos y Europa.
Los terrenos fueron vendidos por el Ejército en 1996, con la venia del entonces comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, a la llamada inmobiliaria Parque San Luis, generando una discusión por el valor de esta transacción, por tanto, estos terrenos poseían un valor real de 126 y 160 millones de dólares y no el valor de venta final (80 millones de dólares).
El sólo hecho de la venta de los terrenos evidencia una irregularidad, por cuanto, lo estipulado en los decretos Nº 38 y Nº 228 (aludidos anteriormente), lo que deja claro los oscuros negocios del Ejército y su otrora Comandante en Jefe, Augusto Pinochet.
Miembros del Movimiento “Reconquista de Nuestros Derechos”, conformado por familias desalojadas de la Villa San Luis, agrupados desde 1997, exponen estas irregularidades de apropio y posterior “cuestionado valor de venta” de sus departamentos y los terrenos en cuestión, aludiendo esta responsabilidad, que posee fines, altamente lucrativos, al General (R) Augusto Pinochet, que habría firmado la transacción de venta.
Estas irregularidades continúan impunes y abandonadas, aun cuando los pobladores organizados reclaman sus viviendas, lo que ha provocado el cese de la construcción del Centro de Negocios que se pretende edificar en los terrenos de la Villa San Luis, provocando su total abandono, convirtiéndose actualmente en un sitio eriazo.
LA ILEGALIDAD DEL DESALOJO
En 1973, San Luis convertido en un complejo habitacional de departamentos, que a esas alturas llevaba el nombre de Población Ministro Carlos Cortés, en homenaje al Ministro de vivienda fallecido en 1971, y bajo cuyo mandato se construyó la primera parte del programa habitacional, comienza una perturbadora transformación. A pocos días del golpe militar, en septiembre de ese año, los militares irrumpen comenzando un desalojo violento y arbitrario, a pesar de que dichas asignaciones, se realizaron conforme a todas las normas legales vigentes de la época.
Los primeros desalojados fueron las familias identificadas como dirigentes de la población, los que fueron trasladados en camiones basureros a viviendas abandonadas del Ejército, en la periferia de Santiago. Algunos fueron instalados, en precarias condiciones, en viviendas mal mantenidas, abandonadas, sucias y con una construcción de más de 14 e incluso 30 años; en las comunas de Renca, la Granja; o simplemente arrojados en potreros alejados o conducidos a casas de familiares dispuestos a acogerlos. En sustitución a las familias desalojadas, el Ejército instaló a personal del cuadro permanente o suboficiales de la Institución. En diciembre de 1978, culmina el desalojo masivo con las últimas 112 familias, siendo así, desalojadas un total de 900 familias, de un bien raíz obtenido con total legitimidad, sólo se salvaron cerca de 100 familias, que permanecieron en los bloques del sector Nº 7, sin saberse las causas de esta excepción. En 1988 fueron presionados por el SERVIU, para abandonar estas viviendas, aludiendo a una ocupación ilegal de viviendas construidas para las fuerzas armadas, pero éste logro evitarse.
Muchas de las familias desalojadas, torturadas física y mentalmente, desde 1973 comienzan un trágico pasar. Ya a pocos días de efectuado el golpe militar, los funcionarios de Ejército se atrincheran en el sector, hacinando a las familias en sus departamentos, prohibiéndoles el libre transitar y obligándolos a permanecer dentro de sus hogares, sin posibilidad alguna de salir, obligándolos a una rutina injusta. Comienza así una tortura sicológica, donde los militares irrumpían en sus departamentos a cualquier hora del día o la noche, para “revisiones de rutina”, si no cumplían con las normas, autoritariamente impuestas, eran castigados, amedrentados e incluso baleados. Las cercanías de la Villa con la Escuela Militar, facilitaban de alguna manera este abuso, y tal vez, determinaron el desalojo.
Las familias comienzan a ser desalojadas el mismo año 1973, transportados en camiones de basura y avisados con pocas horas de anticipación. Los muebles y pertenencias son arrojados por los balcones, la violencia desmedida no escapa a lactantes, los que reciben golpes e insultos, ante la impotencia de sus padres. Las familias en reemplazo de sus departamentos, avaluados en 25 millones de pesos, reciben viviendas abandonadas por militares, en precarias condiciones y destruidas; casas convertidas en basurales, sin ventanas e implementos necesarios.
Los legalmente, habitantes de los departamentos de la Villa San Luis, con dividendos al día, comienzan a cancelar a 20 años plazo, una casa habitación antigua y usada, como vivienda nueva, con deudas de luz y agua, perdiendo todo el dinero correspondiente al ahorro y los dividendos cancelados para sus nuevos departamentos.
Ante la impotencia de estos acontecimientos, lo material y espiritualmente perdido y la necesidad de restitución, en 1997, las familias se organizan en un movimiento llamado “Reconquista de nuestros Derechos” y comienzan así una lucha, que lamentablemente, es poco fructífera hasta el día de hoy. La primera dificultad, fue demostrar y acreditar la posesión legal de los departamentos, puesto que, los militares quemaron cuentas de ahorro y todo documento que avalara a las familias, además, no existían títulos de propiedad, debido a que los departamentos estaban siendo cancelados. Favorablemente algunas familias conservaban las boletas de los pagos de sus dividendos, lo que les facilita la legitimación como dueños de los departamentos de la Villa San Luis, y comienza así un proceso de acreditación para todas las familias.
Actualmente, la agrupación sigue luchando por la reivindicación de sus derechos, la restitución de sus viviendas o indemnización que les devuelva, de alguna manera, la confianza por los estamentos estatales.
LA FAMILIA: LA VIVIENDA Y SU LUCHA
En los años setentas, los movimientos populares sostenían una lucha por conseguir vivienda, grupos organizados y movilizados en buses, partían a donde existiera una construcción a punto de habitarse o donde un terreno eriazo pudiera edificarse.
Los buses salían de las poblaciones periféricas, colmados de familias; hombres, mujeres y niños que anhelaban una vivienda propia, a cualquier costo, aún significando quitarle la legitima posibilidad, a ciudadanos en sus mismas condiciones, amigos, familiares e incluso a familias que con sacrificio y constancia, ahorran para conseguir lo mismo. Es así como las familias asignadas a habitar los departamentos de la Villa San Luis, debían organizarse y atrincherarse toda la noche, obstruyendo el tránsito con barricadas, a veces, luchando o apedreando buses, para repeler a las familias usurpadoras, que amenazan con quitarles sus viviendas.
Las familias asignadas a los departamentos, fueron beneficiadas, previo ahorro, y primando las condiciones económicas y laborales de cada una de ellas, constituían mayoritariamente a familias de clase trabajadora, obreros muchos y artesanos otros. Los que mediante el pago de dividendos, iban obteniendo, legalmente, el más preciado bien, la vivienda propia.
El golpe militar trajo tristeza e impotencia a estas familias, que vieron violados sus derechos más básicos, como son el la propiedad y la integridad física. Muchas de estas familias sufrieron torturas sicológicas y físicas, hacinados en sus departamentos imposibilitados incluso de acudir a sus trabajos, debieron subsistir en un ambiente adverso e inclemente, muchas mujeres sufrieron abusos sexuales, los hombres eran colgados de los balcones y sus posesiones materiales destruidas.
Una vez ocurrido el desalojo, debieron comenzar una vida en condiciones totalmente diferentes, llegaban a viviendas destruidas y sucias, muchas sin puertas, sin ventanas, convertidas en enormes basurales; debieron nuevamente que comenzar a cancelar dividendos, tal como si las viviendas fueran nuevas, además, reconstruirlas. Algunas de las casas, incluso con deudas de luz y agua.
Trasladados en camiones de basura, comienzan la reconstrucción de sus vidas, llenos de impotencia, llenos de ira. Esta ira se transforma en organización, en una nueva lucha, por la redención de sus posesiones, por la redención de los derechos violados.
Las mujeres se organizan, se agrupan y conforman su movimiento, su lucha llamada “Reconquista de nuestros Derechos”, concientes del abuso. Se reúnen, discuten, toman decisiones, aparecen en diarios, se entrevistan con Senadores y Diputados. Estas mujeres dueñas de casa, con hijos y nietos, necesitan la confianza en los estamentos, en el Estado, necesitan demostrarle a sus hijos a sus nietos que los derechos no se violan y cuando ocurre lo contrario, deben restituirse.
Actualmente, las mujeres cansadas de la lucha, al no recibir respuestas, tras protestas, cartas, reuniones, visitas al Congreso; cansadas de diez años de silencio, diez años de abandono, se replantean la forma, la causa y la lucha, pero a pesar de ello, no dejan ni dejaran de combatir, no dejaran impune su causa y lucharan como al principio, como antes de instalarse en sus departamentos de la Villa San Luis.
Es así como la historia de la Villa San Luis y sus departamentos sociales, grafica una lucha por la superación y la injusta desestimación del sacrificio y sus derechos.
CONCLUSIONES
Tras el golpe militar, los derechos de las personas se ven mermados, desde el punto de vista de la propiedad hasta la vida misma. Se abre una disputa de poder y apropiación indebida de recursos económicos, que generan una diferencia entre los individuos de toda la sociedad. Los militares se ven con poder, poder que de tal magnitud no poseían hasta entonces, este poder los transforma en monstruos amorales y sin ética.
En el caso de la Villa San Luis, su desalojo y la reubicación de las familias desalojadas, evidencia una apropiación totalmente ilícita de bienes económicos, pero que no esta exenta de violencia y tortura. Familias trabajadoras y esforzadas ven destruido el futuro programado y soñado, que a través de sacrificio pretendían elaborar.
Los daños psicológicos son indudables e indiscutibles, la inseguridad y el trauma se apropian hasta el día de hoy en las personas que vivieron tales hechos. El sufrimiento no cesa, se transforma; la ira contenida se organiza, pero no acaba. El desánimo por la lucha extensa y el silencio de las autoridades, van socavando más la sensación de desamparo de antaño y van cansando, las familias y las mujeres, aunque organizadas, se desorientan ante la indiferencia.
Las heridas abiertas y lacerantes, son un grito para la reivindicación, son un grito para la historia, para escribir historia. Una historia de trabajadores abusados, como otras muchas, pero que necesita un eco en la sociedad.
Los seres humanos somos iguales en capacidades y condición, no es posible que ciertos sectores, aludiendo al poder, se pretendan superiores y se sientan con el derecho de usurpar los derechos y los sueños de los demás, no es posible que se atropelle el justo deseo de una vida mejor.
El propósito de esta investigación es relatar un hecho que necesita voz y oído, que necesita memoria para construir futuro, un futuro distinto.
BIBLIOGRAFIA:
Miguel Lawner, Arquitecto ex Presidente de la CORMU, “Demolición de la Villa San Luis en Las Condes, memorandum, versión 1997.
El Mercurio, miércoles 22 de julio de 1998.
Juana Erices, primera delegada, Movimiento Reconquista de Nuestros Derechos, personería jurídica 164, ley 19.418
Manuel Yevenes, ex morador de los departamentos de la Villa San Luis, desalojado el 12 de julio de 1976.
K. Oyola, trabajo entregado para Introducción a la Historia 2005.-
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